CIRCULAR COVID-19 RDL 24-20, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo

El Real Decreto-Ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación  del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector  industrial (en adelante, RDL), publicado y en vigor el 27 de junio 

Recoge el II Acuerdo en defensa del empleo (II ASDE), alcanzado por el Gobierno y  los agentes sociales con el objetivo de modular las medidas extraordinarias y excepcionales  previstas en el Real Decreto-Ley 8/2020, y en el I ASDE contenido en el Real Decreto-Ley  18/2020, cuya vigencia concluye el 30 de junio; 

Establece medidas para la protección de los trabajadores autónomos que tienen  por objeto aliviar, en el ámbito de la Seguridad Social, de forma progresiva, la carga que el  inicio o continuación de la actividad una vez levantado el estado de alarma debe asumir y que  tiene sus consecuencias en la economía familiar 

Da cumplimiento parcial al mandato de trasposición de la Directiva (UE) 2017/159  del Consejo, de 19 de diciembre de 2016, por la que se aplica el Acuerdo relativo a la  aplicación del Convenio sobre el trabajo en la pesca de 2007 de la OIT

Modifica la Ley Ordenadora del Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad  Social para llevar a cabo un ajuste organizativo; 

Crea y regula las condiciones para la puesta en marcha del Fondo Español de  Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI), para la cobertura  por cuenta del Estado de los riesgos derivados de operaciones de compraventa a medio y  largo plazo del suministro de energía eléctrica entre consumidores electrointensivos y  oferentes de energía eléctrica en el mercado de producción, promoviendo el desarrollo de  fuentes de energía renovables, con el fin de otorgar mayor seguridad y certidumbre a estos  contratos y favorecer la inversión de los intervinientes, y, por último; 

Se aprovecha para establecer que el Gobierno tendrá en cuenta, hasta la  reanudación del tráfico aéreo internacional, las particularidades que confieren  a Canarias la condición de región ultraperiférica de la Unión Europea. 

MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL RELACIONADAS  CON LOS ERTES 

1. SE MANTIENEN LOS ERTES POR FUERZA MAYOR TOTAL Y PARCIAL  COMO MÁXIMO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE (art. 1 RDL) 

Esta medida únicamente será aplicable a los ERTES basados en las causas  recogidas en el artículo 22 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, que  hayan sido solicitados antes del 27 de junio de 2020 (fecha de entrada en vigor del  RDL) y, como máximo, hasta el 30 de septiembre de 2020. 

Obligaciones de estas empresas y entidades: 

• Reincorporar a las personas trabajadoras afectadas por medidas de regulación  temporal de empleo, en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad,  primando los ajustes en términos de reducción de jornada. 

• Comunicar a la autoridad laboral la renuncia total, en su caso, al ERTE autorizado,  en el plazo de 15 días desde la fecha de efectos de aquella.

Sin perjuicio de lo anterior, la renuncia a los ERTE o, en su caso, la suspensión o  regularización del pago de las prestaciones que deriven de su modificación, se efectuará  previa comunicación de estas al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de las variaciones  en los datos contenidos en la solicitud colectiva inicial de acceso a la protección por  desempleo. 

• Comunicar al SEPE las variaciones que se refieran a la finalización de la aplicación  de la medida respecto a la totalidad o a una parte de las personas afectadas, bien  en el número de estas o bien en el porcentaje de actividad parcial de su jornada  individual, cuando la flexibilización de las medidas de restricción que afectan a la  actividad de la empresa permita la reincorporación al trabajo efectivo de aquellas. 

• No concertar, durante la vigencia de los ERTES, nuevas contrataciones, directas o a  través de empresas de trabajo temporal (ETT), ni establecer nuevas  externalizaciones de la actividad, salvo cuando el personal regulado y que presta  servicios en el centro de trabajo afectado por las nuevas contrataciones o  externalizaciones, no pueda, por formación, capacitación u otras razones objetivas  y justificadas, desarrollar las funciones encomendadas a aquellas, previa  información al respecto por parte de la empresa a la representación legal de las  personas trabajadoras. 

• Por último, deberá tenerse en cuenta que las personas trabajadoras de las empresas  que se acojan a estos ERTES no podrán realizar horas extra. 

2. SE ESTABLECEN ESPECIALIDADES PARA LOS ERTES POR CAUSAS  ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS Y DE PRODUCCIÓN (art. 2 RDL) 

Se regulan las especialidades para los ERTES por causas económicas, técnicas,  organizativas y de producción (ETOP) que se inicien tras el 27 de junio de 2020 y  hasta el 30 de septiembre, previendo que estos sucedan a ERTES por fuerza mayor. 

Las situaciones contempladas por este precepto para los ERTES por causas ETOP son dos: 

• Los vigentes a 27 de junio de 2020, para los que seguirán siendo aplicables los  términos previstos en la comunicación final de la empresa hasta la fecha de  finalización referida en la misma. 

• Los que se inicien entre el 27 de junio y el 30 de septiembre de 2020, a los que se  aplicará el artículo 23 del RDL 8/2020 con especialidades que consisten en: o la posibilidad de que se inicien estando vigente un ERTE por fuerza  mayor y 

o retrotraer los efectos a la fecha en la que finaliza el ERTE por causa de  fuerza mayor cuando el debido a causas ETOP se inicie después de  finalizado aquel. 

Durante la aplicación de estos ERTES, al igual que se establece para los ERTES por fuerza  mayor, no podrán realizarse horas extraordinarias, ni establecerse (salvo imposibilidad de  desarrollo de funciones por la plantilla propia debido a razones de formación, capacitación u  otras objetivas y justificadas) nuevas externalizaciones de la actividad ni concertarse nuevas  contrataciones, sean directas o indirectas.

3. SE SEÑALAN EXCLUSIONES Y LÍMITES RELACIONADOS CON REPARTO  DE DIVIDENDOS (art. 5 RDL) 

• Se excluyen de las medidas laborales contempladas en el RDL para los ERTE por  fuerza mayor y por causas ETOP (arts. 1 y 2) las empresas y entidades que tengan  su domicilio fiscal en paraísos fiscales. 

• Salvo para las entidades que a 29 de febrero de 2020 tuvieran en alta menos de 50  personas trabajadoras, o asimiladas, las sociedades mercantiles u otras personas  jurídicas que se acojan a los ERTES regulados en este RDL y que utilicen los  recursos públicos destinados a los mismos, no podrán proceder al reparto de  dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que apliquen estos ERTE, salvo  si abonan previamente el importe correspondiente a la exoneración de cuotas y  han renunciado a ella. Asimismo, se establece que no se tendrá en cuenta ese  ejercicio en que no se distribuyan dividendos a efectos del ejercicio del derecho de  separación de los socios en caso de falta de distribución de dividendos(regulado en  el art. 348.bis.1 de la Ley de sociedades de capital). 

4. LA SALVAGUARDA DEL EMPLEO SE EXTIENDE A LOS ERTES POR CAUSAS  ETOP (art. 6 RDL) 

• La obligación de mantener el empleo durante los 6 meses siguientes a la reanudación  de la actividad regulada en la disposición adicional 6ª del RDL 8/2020, se  extiende, en los términos allí previstos, a las empresas y entidades que apliquen un  ERTE por causas ETOP y se beneficien de las exoneraciones de  cuotas previstas en el artículo 4 del RDL que nos ocupa y que se abordarán más  adelante. 

Para las empresas que se beneficien por primera vez de las exoneraciones  de cuotas a partir del 27 de junio de 2020, el plazo de 6 meses del compromiso de  mantenimiento del empleo empezará a computarse desde el 27 de junio de  2020

5. SE AMPLÍAN A 30 DE SEPTIEMBRE LAS MEDIDAS DE SALVAGUARDA DEL  EMPLEO RECOGIDAS EN EL REAL DECRETO-LEY 9/2020 (art. 7 RDL) 

Se mantiene, en paralelo a la extensión hasta el 30 de setiembre de las medidas  adoptadas respecto a los ERTES, la vigencia hasta esa fecha de las dos medidas  siguientes

La fuerza mayor y las causas ETOP en las que se amparan los ERTES  derivados del COVID-19 no justifican la extinción del contrato de  trabajo (art. 2 RDL 9/2020). 

La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de  relevo e interinidad, por ERTE debido a fuerza mayor o a causas  ETOP, interrumpirá el cómputo de su duración y de los periodos de  referencia equivalentes al periodo suspendido respecto de las  personas trabajadoras afectadas (art. 5 RDL 9/2020). 

Por último, sedefinen las funciones de la Comisión de Seguimiento tripartita laboral a  partir del 27 de junio de 2020: valorar las medidas contenidas en este RDL y la evolución  de la actividad económica y el empleo, así como analizar las eventuales medidas futuras para 

la protección del empleo y del tejido productivo (disp. adic. 3ª RDL), y se recoge el  compromiso del Gobierno y los agentes sociales (CEOE, CEPYME, CC.OO. y UGT) de  incorporar, a través de las cuatro mesas de diálogo constituidas con el Presidente del  Gobierno, medidas tendentes a la creación de empleo (disp. adic. 5ª RDL). 

MEDIDAS RELACIONADAS CON LAS  

PRESTACIONES POR DESEMPLEO 

Se establece la aplicación hasta el 30 de septiembre de las medidas extraordinarias  previstas en materia de desempleo para los afectados por ERTES por COVID-19 (art. 25,  apdos. 1 a 5, RDL 8/2020) y para los que, a partir del 1 de julio de 2020, se vean afectados  por ERTES no pudiendo prestar sus servicios por la adopción de nuevas restricciones o  medidas de contención como consecuencia de un rebrote (disp. adic. 1ª.2 RDL); y hasta el  31 de diciembre para los fijos discontinuos y para los que realizan trabajos fijos y  periódicos que se repiten en fechas ciertas (art. 25.6 RDL 8/2020). 

La extensión de las prestaciones por desempleo hasta el 30 de septiembre: 

• Se hará de oficio por la entidad gestora si han sido reconocidas por ERTES debidos  a fuerza mayor o causas ETOP (arts. 22 y 23 RDL 8/2020) iniciados antes  del 27 de junio de 2020

Ahora bien, corresponde a las empresas que renuncien de forma total al ERTE, o que  desafecten a personas trabajadoras, la obligación de comunicar a la entidad gestora la baja  de aquellas en la prestación por desempleo, con carácter previo a su efectividad. 

• Deberá solicitarse por la empresa, en representación de las personas trabajadoras,  cuando se generen como consecuencia de un ERTE por causas ETOP (art. 23  RDL 8/2020) comunicado a la autoridad laboral tras el 27 de junio de  2020. La solicitud colectiva de prestaciones por desempleo se hará en el modelo  establecido al efecto en la página web o sede electrónica del SEPE en el plazo de 15  días (art. 268 Ley General de la Seguridad Social –LGSS–), debiendo figurar en el  certificado de empresa la causa y fecha de efectos de la situación legal de  desempleo. 

• Tanto para los supuestos de prestaciones por desempleo por ERTES por fuerza mayor  o causas ETOP iniciados antes del 27 de junio de 2020, como para los ERTE por  causas ETOP comunicados con posterioridad a esa fecha, cuando durante un  mes natural se alternen periodos de actividad y de inactividad, así  como en los casos de reducción de la jornada habitual, y cuando se  combinen ambos (días de inactividad y días en reducción de jornada), la  empresa deberá comunicar a mes vencido, a través de la comunicación de periodos  de actividad de la aplicación certific@2, la información sobre los días trabajados  en el mes natural anterior. 

A estos efectos, en el caso de los días trabajados en reducción de jornada, las horas trabajadas  se convertirán en días completos equivalentes de actividad dividiéndose el número total de 

horas trabajadas en el mes entre el número de horas que constituyesen la jornada habitual  de la persona trabajadora con carácter previo a la aplicación de la reducción de jornada. 

Además, la empresa deberá también comunicar a la entidad gestora de la prestación por  desempleo, con carácter previo a su efectividad, las bajas y las variaciones de las medidas de  suspensión y reducción de jornada, datos que estarán a disposición de la Inspección de  Trabajo y Seguridad Social. 

Por último, en la disposición adicional 4ª del RDL se prevé una reunión del Ministerio  de Trabajo y Economía Social con los agentes sociales (CEOE, CEPYME, CC.OO. y  UGT) para tratar las cuestiones relacionadas con la prestación por desempleo reconocida  durante los ERTE derivados del COVID-19 a las personas con varios contratos a  tiempo parcial y las posibles soluciones al consumo durante el estado de alarma  de las prestaciones y subsidios por desempleo de personas no afectadas por  ERTE

MEDIDAS REFERIDAS A LA EXONERACIÓN DE  CUOTAS EMPRESARIALES 

En el RDL se contemplan diferentes supuestos según la situación de la empresa o entidad,  estableciéndose distintos porcentajes de exención de la aportación empresarial  devengada en los meses de julio, agosto y septiembre, en función de los diversos  escenarios en que se encuentren las empresas y entidades, de forma que, por una parte, en  el artículo 4 se recogen las que persiguen facilitar una transición adecuada que haga posible  la recuperación gradual de la actividad empresarial, y, por otra, en la parte extravagante del  RDL (disp. adic. 1ª) se contemplan otras exoneraciones –incompatibles con las citadas– dirigidas, por un lado, a apoyar en mayor medida a las empresas y entidades que a 30 de  junio de 2020 continúan en situación de fuerza mayor total, y, por otro, a apoyar a las que se  vean abocadas a partir del 1 de julio de 2020 a ese nuevo tipo de ERTES por fuerza mayor (al  que ya hemos hecho referencia) como consecuencia de un rebrote de la pandemia por  COVID-19. 

Así, los porcentajes de exoneración de cuotas y las condiciones variarán según los  siguientes SUPUESTOS

1. EMPRESAS Y ENTIDADES CON ERTE POR FUERZA MAYOR SOLICITADO  ANTES DEL 27 DE JUNIO DE 2020 Y LAS QUE HUBIERAN DECIDIDO UN ERTE  POR CAUSAS ETOP CON ANTERIORIDAD A ESA FECHA, ASÍ COMO LAS QUE  PASEN A ESTE PROVENIENTES DE UN ERTE POR FUERZA MAYOR quedarán  exoneradas del pago de la aportación que les corresponde (prevista en el artículo 273.2 de la  LGSS y por los conceptos de recaudación conjunta), devengadas en julio, agosto y septiembre  de 2020, en las siguientes cuantías

• Para las empresas que a 29 de febrero de 2020 hubieran tenido menos de  50 personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en  la Seguridad Social:

o 60%, respecto de las personas trabajadoras que reinicien su  actividad a partir del 1 de julio de 2020, así como de las que lo  hagan a partir de la fecha de efectos de la renuncia (art. 4.2.a) RDL  18/2020, de 12 de mayo), y de los períodos y porcentajes de jornada  trabajados a partir de ese momento. 

o 35 % respecto de las personas trabajadoras de estas  empresas que continúen con sus actividades suspendidas a  partir del 1 de julio de 2020 y de los periodos y porcentajes de  jornada afectados por la suspensión. 

• Para las empresas que hubieran tenido el 29 de febrero de 2020 más de 50  personas trabajadoras o asimiladas: 

o 40% respecto de las personas trabajadoras que reinicien su  actividad a partir del 1 de julio de 2020, así como de las que lo  hagan a partir de la fecha de efectos de la renuncia (art. 4.2.a) RDL  18/2020, de 12 de mayo), y de los períodos y porcentajes de jornada  trabajados a partir de ese momento. 

o 25% respecto de las personas trabajadoras de estas  empresas que continúen con sus actividades suspendidas a  partir del 1 de julio de 2020 y de los periodos y porcentajes de  jornada afectados por la suspensión. 

2. EMPRESAS Y ENTIDADES EN ERTE POR FUERZA MAYOR TOTAL EL 30 DE  JUNIO DE 2020 (RDL 18/2020, de 12 de mayo): 

Si a 29 de febrero de 2020 hubieran tenido menos de 50 personas  trabajadoras o asimiladas: 

o Respecto de las personas trabajadoras que continúen con sus  actividades suspendidas a partir del 1 de julio de 2020 y de los  periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión: 

70% respecto de las cotizaciones devengadas en el mes  

de julio de 2020; 

60% respecto de las cotizaciones devengadas en el mes  

de agosto de 2020; y 

35% respecto de las cotizaciones devengadas en el mes  

de septiembre

Si a 29 de febrero de 2020 hubieran tenido 50 o más personas  trabajadoras o asimiladas: 

o Respecto de las personas trabajadoras que continúen con sus  actividades suspendidas a partir del 1 de julio de 2020 y de los  periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión: 

50% respecto de las cotizaciones devengadas en el mes  

de julio

40% respecto de las cotizaciones devengadas en el mes  

de agosto; y 

25% respecto de las cotizaciones devengadas en el mes  

de septiembre

Cuando estas empresas y entidades reinicien su actividad (recuérdese, con  posterioridad a 1 de julio), desde dicho momento y hasta el 30 de septiembre de  2020 las exoneraciones de cuotas tendrán las siguientes cuantías

Empresas que a 29 de febrero de 2020 hubieran tenido menos de 50  personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la  Seguridad Social:

o 60%, respecto de las personas trabajadoras que reinicien su  actividad a partir del 1 de julio de 2020, así como de las que lo  hagan a partir de la fecha de efectos de la renuncia (art. 4.2.a) RDL  18/2020, de 12 de mayo), y de los períodos y porcentajes de jornada  trabajados a partir de ese momento. 

o 35 % respecto de las personas trabajadoras de estas  empresas que continúen con sus actividades suspendidas a  partir del 1 de julio de 2020 y de los periodos y porcentajes de  jornada afectados por la suspensión. 

Empresas que hubieran tenido, el 29 de febrero de 2020, 50 o más  personas trabajadoras o asimiladas: 

o 40% respecto de las personas trabajadoras que reinicien su  actividad a partir del 1 de julio de 2020, así como de las que lo  hagan a partir de la fecha de efectos de la renuncia (art. 4.2.a) RDL  18/2020, de 12 de mayo), y de los períodos y porcentajes de jornada  trabajados a partir de ese momento. 

o 25% respecto de las personas trabajadoras de estas  empresas que continúen con sus actividades suspendidas a  partir del 1 de julio de 2020 y de los periodos y porcentajes de  jornada afectados por la suspensión. 

3.EMPRESAS Y ENTIDADES QUE A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2020 SE VEAN  ABOCADAS A UN ERTE POR FUERZA MAYOR –que tendrá que ser aprobado por la  autoridad laboral en base a lo previsto en el artículo 47.3 del ET–, podrán beneficiarse,  respecto de las personas trabajadoras adscritas y en alta en los códigos de cuenta de  cotización de los centros de trabajo afectados, de una exoneración de la aportación  empresarial devengada durante el periodo de cierre, y hasta el 30 de septiembre,  del: 

80% en el caso de las empresas que, a 29 de febrero de 2020, tuvieran menos de  50 personas trabajadoras o asimiladas. 

60% para empresas que hubieran tenido 50 o más personas trabajadoras o  asimiladas en la fecha antes referida. 

Cuando estas empresas y entidades reinicien su actividad, desde dicho momento y  hasta el 30 de septiembre de 2020, podrán beneficiarse de los siguientes porcentajes de  exención: 

Empresas que a 29 de febrero de 2020 hubieran tenido menos de 50  personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la  Seguridad Social: 

o 60%, respecto de las personas trabajadoras que reinicien su  actividad a partir del 1 de julio de 2020, así como de las que lo  hagan a partir de la fecha de efectos de la renuncia (art. 4.2.a) RDL  18/2020, de 12 de mayo), y de los períodos y porcentajes de jornada  trabajados a partir de ese momento.35 % respecto de las personas  trabajadoras de estas empresas que continúen con sus  actividades suspendidas a partir del 1 de julio de 2020 y de los  periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión. 

• Para las empresas que hubieran tenido el 29 de febrero de 2020 50 o más  de 50 personas trabajadoras o asimiladas: 

o 40% respecto de las personas trabajadoras que reinicien su  actividad a partir del 1 de julio de 2020, así como de las que lo 

hagan a partir de la fecha de efectos de la renuncia (art. 4.2.a) RDL  18/2020, de 12 de mayo), y de los períodos y porcentajes de jornada  trabajados a partir de ese momento. 

o 25% respecto de las personas trabajadoras de estas  empresas que continúen con sus actividades suspendidas a  partir del 1 de julio de 2020 y de los periodos y porcentajes de  jornada afectados por la suspensión. 

Las exoneraciones de cuotas, en todos los supuestos, se aplicarán por la Tesorería  General de la Seguridad Social (TGSS) a instancia de la empresa que deberá  previamente (1) comunicar la identificación de las personas trabajadoras y período de la  suspensión o reducción de jornada, y (2) presentar declaración responsable a través  del Sistema RED, respecto de cada código de cuenta de cotización y mes de devengo, sobre el  mantenimiento de la vigencia de los ERTE. 

En los casos en que se presente ante la autoridad laboral renuncia expresa al ERTE, y con  fecha de efectos desde dicha renuncia, se pondrá fin a las exenciones, debiendo asimismo las  empresas comunicarlo a la TGSS a través del Sistema RED. 

Las personas trabajadoras no se verán afectadas por estas exoneraciones,  manteniéndose la consideración del período en que se apliquen como  efectivamente cotizado a todos los efectos, sin que resulte de aplicación lo establecido  en el artículo 20 de la LGSS. En este punto interesa destacar la extensión de este  beneficio a los afectados por ERTES por fuerza mayor o causas  ETOP (arts. 22 y 23 RDL 8/2020) que no tengan derecho a la prestación por  desempleo y respecto de los que la empresa no está obligada al ingreso de la aportación  empresarial (como, por ejemplo, los consejeros y administradores de las sociedades de  capital incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social como asimilados a  trabajadores por cuenta ajena –art. 136.2 c) de la LGSS–). La disposición adicional 2ª del  RDL, que incorpora esta medida, establece que se les considerará en situación asimilada al  alta únicamente durante los periodos de suspensión de contratos o reducción de jornada  en los que se aplican las exenciones en la cotización contempladas en los artículos 24 del RDL  8/2020, 4 del RDL 18/2020 y 4 del propio RDL 24/2020. A efectos de considerar estos  lapsos de tiempo como efectivamente cotizados, se tomará como base de cotización el  promedio de las bases de cotización de los 6 meses anteriores. 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS  TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

1. SE ESTABLECE UNA EXENCIÓN A FAVOR DE LOS AUTÓNOMOS QUE  HAYAN PERCIBIDO LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE DE  ACTIVIDAD DURANTE EL ESTADO DE ALARMA (art. 8 RDL) 

Con el objeto aliviar, en el ámbito de la Seguridad Social, de forma progresiva, la carga que  deben asumir con el inicio o continuación de la actividad una vez levantado el estado de  alarma y que tiene sus consecuencias en la economía familiar, a partir del 1 de julio de 

2020, los autónomos incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los  Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA), o en el Régimen Especial de la  Seguridad Social de los Trabajadores del Mar (RETMAR) que estuvieran en alta  y vinieran percibiendo el 30 de junio la prestación extraordinaria por cese de  actividad, tendrán derecho a una exención de sus cotizaciones a la Seguridad Social y  formación profesional del: 

100 % en julio; 

50 % en agosto; y 

25 % en septiembre

Reglas a tener en cuenta respecto a esta exención: 

• Para determinarla se tomará como base de cotización la que se tuviera en cada uno  de los meses indicados. 

• Se mantendrá durante los períodos en los que los trabajadores perciban prestaciones  por incapacidad temporal o cualesquiera otros subsidios siempre que se mantenga  la obligación de cotizar. 

• Será incompatible con la percepción de la prestación por cese de actividad. 

2. SE PREVÉ LA POSIBILIDAD DE COMPATIBILIZAR LA PRESTACIÓN DE  CESE DE ACTIVIDAD PREVISTA EN LA LGSS CON EL TRABAJO POR CUENTA  PROPIA (art. 9 RDL) 

La medida, dirigida a los autónomos que vengan percibiendo hasta el 30 de junio  la prestación extraordinaria por cese de actividad, se destina a garantizar unos ingresos que  ayuden al trabajador autónomo a mantener la actividad, y consiste en la posibilidad de  solicitar la prestación por cese de actividad contemplada en el artículo 327 de la LGSS, para  lo cual deberán cumplirse los siguientes requisitos:  

• Estar afiliados y en alta en el RETA o en el RETMAR. 

• Haber cotizado por cese de actividad durante un período mínimo de 12 meses  continuados e inmediatamente anteriores al cese. 

• No haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la pensión contributiva  de jubilación, salvo que no tuviera acreditado el período de cotización requerido  para ello. 

• Estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la  fecha de cese de actividad no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará  al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de 30 días  naturales ingrese las cuotas debidas, produciendo la regularización del descubierto  plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección. 

• Acreditar una reducción en la facturación durante el tercer trimestre del  año 2020 de al menos el 75 % en relación con el mismo periodo del año 

2019, así como no haber obtenido durante ese tercer trimestre de 2020 unos  rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros

Para determinar el derecho a la prestación mensual se prorratearán los rendimientos netos  del trimestre, no pudiendo exceder de 1.939,58 euros mensuales. 

• Para los casos de trabajadores autónomos que tengan uno o más  trabajadores a su cargo, deberá acreditarse al tiempo de solicitar la prestación  el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de Seguridad Social que  tengan asumidas. Para ello emitirán una declaración responsable, pudiendo ser  requeridos por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o por la entidad  gestora para que aporten los documentos precisos que acrediten este extremo. 

En los supuestos de cese definitivo en la actividad con anterioridad al 30 de  septiembre de 2020, los límites de los requisitos indicados anteriormente se tomaran de  manera proporcional al tiempo de la duración de la actividad, y para hacer el cálculo se  computará en su integridad el mes en que se produzca la baja en el régimen de Seguridad  Social en el que estuviera encuadrado. 

La duración de esta prestación se extenderá como máximo hasta el 30 de septiembre de  2020, momento a partir del cual solo se podrá continuar percibiendo si concurren todos los  requisitos del artículo 330 de la LGSS. 

La prestación, que se reconocerá con carácter provisional por las mutuas o el  Instituto Social de la Marina (ISM), tendrá efectos el 1 de julio de 2020 si se solicita  antes del 15 de julio, o, en otro caso, desde el día siguiente a la solicitud, debiendo  ser regularizada a partir del 31 de enero de 2021. 

A partir del 21 de octubre de 2020 y del 1 de febrero de 2021, el ISM o las mutuas, siempre  que tengan el consentimiento de los interesados otorgado en la solicitud, recabarán del  Ministerio de Hacienda los datos tributarios de los ejercicios 2019 y 2020 necesarios para el  seguimiento y control de las prestaciones reconocidas, si bien corresponderá a los autónomos  la aportación de los datos que sean precisos en el caso de que las mutuas o el ISM no pudieran  acceder a ellos. 

Una vez comprobados los datos por la entidad colaboradora o gestora competente para el  reconocimiento de la prestación, se reclamarán (sin intereses ni recargo) las prestaciones  percibidas por aquellos trabajadores autónomos que superen los límites de ingresos o que no  acrediten la reducción en la facturación requeridos para generar el derecho, fijándose la fecha  para su ingreso. 

Si transcurre el plazo fijado en la resolución que se dicte sin ingreso de las prestaciones, la  TGSS procederá a su reclamación, con los recargos e intereses que procedan. 

El trabajador autónomo, durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, deberá  ingresar en la TGSS la totalidad de las cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base de  cotización correspondiente. 

Por su parte, la mutua o, en su caso, el ISM, abonará al trabajador junto con la prestación por  cese en la actividad, el importe de las cotizaciones por contingencias comunes que le hubiera 

correspondido ingresar de encontrarse el trabajador autónomo sin desarrollar actividad  alguna (art. 329 LGSS). 

Por último, se contempla la posibilidad de que el trabajador autónomo que haya  solicitado el pago de esta prestación

Renuncie a ella en cualquier momento antes del 31 de agosto de 2020, surtiendo  efectos el mes siguiente a su comunicación. 

La devuelva, sin necesidad de esperar a la reclamación de la mutua o de la entidad  gestora, cuando considere que los ingresos percibidos durante el tercer trimestre  de 2020 o la caída de la facturación en ese mismo periodo superarán los umbrales  establecidos para mantener el derecho. 

3. SE ARTICULA UNA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE DE  ACTIVIDAD PARA LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE TEMPORADA (art.  10 RDL) 

Por último, se contempla una prestación extraordinaria de cese de actividad cuyos  destinatarios serán los trabajadores de temporada que como consecuencia de las  especiales circunstancias que la pandemia ha provocado se han visto imposibilitados para el  inicio o el desarrollo ordinario de su actividad. 

Los beneficiarios de la prestación, autónomos y socios trabajadores de las  cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento  como personas trabajadoras por cuenta propia en el régimen especial que corresponda, cuyo  único trabajo a lo largo de los últimos 2 años se hubiera desarrollado en el RETA  o en el RETMAR durante los meses de marzo a octubre, deberán cumplir los  siguientes requisitos para acceder a la prestación extraordinaria: 

• Haber estado de alta y cotizado en el RETA o en el RETMAR como trabajador por  cuenta propia durante al menos 5 meses en el periodo comprendido entre marzo y  octubre, de cada uno de los años 2018 y 2019. 

• No haber estado en alta o asimilada entre el 1 de marzo de 2018 y el 1 marzo de 2020  en el régimen de Seguridad Social correspondiente como trabajador por cuenta  ajena más de 120 días. 

• No haber desarrollado actividad ni haber estado dado de alta o asimilado al alta  durante los meses de marzo a junio de 2020. 

• No haber percibido prestación alguna del sistema de Seguridad Social durante los  meses de enero a junio de 2020, salvo que la misma fuera compatible con el  ejercicio de una actividad como trabajador autónomo. 

• No haber obtenido durante el año 2020 unos ingresos que superen los 23.275 euros. 

• Estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social o, en caso contrario,  responder a la invitación al pago que se le haga ingresando las cuotas debidas en  el plazo improrrogable de 30 días.

La prestación extraordinaria de cese de actividad para este colectivo, que  podrá solicitarse en cualquier momento durante el periodo comprendido entre el 27 de  junio y el mes de octubre de 2020, tendrá una cuantía equivalente al 70 % de la base mínima  de cotización que corresponda por la actividad desempeñada en el RETA o, en su caso, en el  RETMAR; podrá comenzar a devengarse con efectos el 1 de julio de 2020, con  una duración máxima de 4 meses, si se solicita dentro de los primeros 15 días naturales de  julio; y no existirá durante su percepción la obligación de cotizar, permaneciendo el  trabajador en alta o asimilada. 

Esta prestación será incompatible con: 

• el trabajo por cuenta ajena; 

• cualquier prestación de Seguridad Social que el beneficiario viniera percibiendo salvo  que fuera compatible con el desempeño de la actividad como persona trabajadora  por cuenta propia; 

• el trabajo por cuenta propia cuando los ingresos que se perciban durante el año 2020  superen los 23.275 euros; 

• con la percepción de las ayudas por paralización de la flota en el caso de tratarse de  autónomos incluidos en el RETMAR. 

Debe tenerse en cuenta que las resoluciones de las entidades gestoras reconociendo el  derecho serán provisionales y que a partir del 31 de enero de 2021 procederán a su revisión  de manera que en los casos en que se concluyera que no debió generarse el derecho se  iniciarán los trámites de reclamación de las cantidades indebidamente percibidas, fijándose  el importe de la cantidad a reintegrar (sin intereses o recargo) y el plazo para llevarlo a cabo.  El transcurso de ese plazo sin ingreso supondrá la reclamación por la TGSS de la deuda, en  ese momento ya con los recargos e intereses que procedan. Por último, también para esta prestación se contempla la posibilidad de que el  trabajador autónomo:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *